Consulta Vinculante V0905-26, de 24 de abril de 2026, de la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas

La deducción por financiación de producciones audiovisuales regulada en el artículo 39.7 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, se ha consolidado como uno de los cauces habituales de captación de recursos privados en el sector audiovisual español. La consulta vinculante V0905-26, de 24 de abril de 2026, aborda su aplicación a un largometraje documental financiado mediante una campaña de crowdfunding y aportaciones directas de inversores, y aporta precisiones relevantes tanto sobre el contenido del incentivo como sobre los límites de la propia figura de la consulta tributaria.

Los hechos sometidos a consulta

La entidad consultante se dedica a la producción, grabación, comercialización y distribución de obras audiovisuales y está produciendo un largometraje documental de nacionalidad española, con un presupuesto estimado de producción situado entre 82.000 y 100.000 euros y gastos que se realizarán casi en su totalidad en territorio español.

Para completar la financiación de la obra, la productora prevé la incorporación de financiadores que aportarían cantidades del orden de 2.500 euros cada uno, con variaciones según el perfil de cada inversor. La aportación se canalizaría mediante una campaña de crowdfunding o mediante aportación directa y, en cualquiera de ambos casos, quedaría legitimada en contrato entre las partes. La inversión no comportaría la adquisición de derechos sobre la titularidad de la obra ni sobre derechos de propiedad intelectual o de cualquier otro tipo.

Sobre esa base, la consultante planteó cuatro cuestiones: la deducibilidad de las cantidades aportadas por los financiadores al amparo del artículo 36.1 de la LIS, el tratamiento en el IRPF y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los inversores personas físicas, los requisitos formales exigibles a ambas partes y la eventual existencia de otros beneficios fiscales asociados al proyecto.

El alcance subjetivo de la consulta tributaria

Antes de entrar en el fondo, la Dirección General de Tributos introduce una precisión de orden procedimental que merece atención autónoma. Con invocación del artículo 88.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, conforme al cual los obligados podrán formular consultas respecto del régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda, el centro directivo limita expresamente su contestación a las cuestiones primera y tercera, que son las referidas a la entidad consultante. Las restantes quedan sin respuesta por proyectarse sobre el régimen jurídico de los potenciales inversores, quienes no han formulado la consulta.

La consecuencia práctica es de calado en operaciones de financiación en las que la certidumbre fiscal del inversor constituye un elemento determinante de su decisión. El criterio administrativo obtenido por la productora no ampara la posición individual de cada financiador, que carece de un pronunciamiento vinculante propio sobre su tributación. La consulta tributaria opera con un alcance estrictamente subjetivo y no es transmisible a terceros por el hecho de participar en la misma operación.

La contestación añade además dos hipótesis expresas de partida. La primera, que el contrato suscrito entre las partes, con independencia de su tipología, se adecuará a los requisitos exigidos por el artículo 39.7 de la LIS. La segunda, que concurren los requisitos del artículo 36.1 respecto del documental. Ambas se califican como circunstancias de hecho que deberían ser probadas por cualquier medio de prueba admitido en Derecho ante los órganos competentes en materia de comprobación.

La deducción generada por el productor

El artículo 36.1 de la LIS reconoce a las inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental una deducción del 30 por ciento respecto del primer millón de base y del 25 por ciento sobre el exceso.

La base de la deducción está constituida por el coste total de la producción y por los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor, con el límite conjunto para ambos conceptos del 40 por ciento del coste de producción. Al menos el 50 por ciento de esa base debe corresponderse con gastos realizados en territorio español, extremo que en el supuesto analizado no presenta dificultad, y el importe de la deducción no puede superar los 20 millones de euros.

Su aplicación exige la obtención del certificado de nacionalidad y del certificado que acredite el carácter cultural de la obra, emitidos por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o por el órgano autonómico competente, certificados que son vinculantes para la Administración tributaria con independencia del momento de su emisión, así como la entrega de una copia nueva y en perfecto estado en la Filmoteca Española o en la filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva comunidad autónoma.

En cuanto a su dinámica temporal, la deducción se genera en cada período impositivo por el coste de producción incurrido en el mismo, si bien se aplica a partir del período impositivo en el que finalice la producción de la obra. La base se minora en el importe de las subvenciones recibidas para financiar las inversiones que generan el derecho a deducción y, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas, el incentivo no puede superar el 50 por ciento del coste de producción, límite que se eleva hasta el 75 por ciento en el caso de los documentales.

La traslación de la deducción al financiador

El artículo 39.7 de la LIS permite que el contribuyente que participe en la financiación de producciones españolas aplique las deducciones previstas en los apartados 1 y 3 del artículo 36, determinándose su importe en las mismas condiciones que se hubieran aplicado al productor y siempre que hayan sido generadas por este último. El presupuesto estructural del régimen es que el financiador aporte cantidades destinadas a sufragar la totalidad o parte de los costes de producción, así como los gastos de copias, publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite del 30 por ciento de los costes de producción, sin adquirir derechos de propiedad intelectual o de otra índole respecto de los resultados, cuya propiedad debe corresponder en todo caso al productor. Es precisamente el esquema descrito en el escrito de consulta.

El momento de la aportación resulta flexible. Las cantidades destinadas a financiar costes de producción pueden aportarse en cualquier fase, con carácter previo o posterior a que el productor incurra en ellos, y hasta la obtención de los certificados de nacionalidad y de carácter cultural. Las destinadas a copias, publicidad y promoción pueden igualmente anticiparse o posponerse, pero nunca más allá del período impositivo en que el productor incurra en dichos gastos.

El límite cuantitativo es el elemento que ordena toda la operación. El importe máximo de la deducción generada por el productor que el financiador puede aplicar es el resultado de multiplicar por 1,20 el importe de las cantidades aportadas. Trasladado al supuesto analizado, una aportación de 2.500 euros habilitaría una deducción máxima de 3.000 euros, siempre que el productor hubiera generado efectivamente deducción por ese importe. El exceso de deducción no trasladado puede ser aplicado por el productor que generó el derecho.

El régimen se completa con un conjunto de exigencias que condicionan su aplicación:

• La suscripción de uno o más contratos de financiación, firmables en cualquier fase de la producción, que contengan la identidad de los contribuyentes que participan en la producción y en la financiación, la descripción de la producción, el presupuesto con descripción detallada de los gastos y en particular de los que se realicen en territorio español, y la forma de financiación con especificación separada de las cantidades aportadas por el productor, por el financiador y por subvenciones u otras medidas de apoyo.
• La presentación del contrato de financiación y de la certificación del cumplimiento de los requisitos de nacionalidad y carácter cultural en una comunicación a la Administración tributaria, suscrita tanto por el productor como por el financiador, con anterioridad a la finalización del período impositivo en que este último tenga derecho a aplicar la deducción.
• La ausencia de vinculación entre productor y financiador en el sentido del artículo 18 de la LIS, cuya concurrencia excluye por completo la aplicación del régimen.
• El respeto del límite conjunto del 25 por ciento de la cuota íntegra minorada previsto en el artículo 39.1, que se eleva al 50 por ciento cuando la deducción del artículo 36 que corresponda al financiador sea igual o superior al 25 por ciento de dicha cuota.

Conviene subrayar que la comunicación previa no constituye una formalidad accesoria, sino un requisito de aplicación de la deducción, y que su calendario se ordena por referencia al período impositivo del financiador.

El crowdfunding como canal y el contrato como requisito

La consulta describe una captación de fondos articulada mediante una campaña de crowdfunding o mediante aportación directa. La Dirección General de Tributos no atribuye consecuencia alguna al canal empleado y se limita a partir de la hipótesis de que, con independencia de la tipología del contrato suscrito por las partes, este se adecuará a los requisitos del artículo 39.7 de la LIS.

De esa formulación cabe extraer una lectura razonable: la vía de captación resulta indiferente a efectos del incentivo, mientras que el soporte contractual y la comunicación conjunta a la Administración son indisponibles. Una campaña de financiación colectiva instrumentada exclusivamente a través de las condiciones generales de una plataforma no satisface por sí misma el contenido mínimo exigido por la norma ni la obligación de comunicación suscrita por ambas partes. La instrumentación jurídica individualizada de cada aportación es, en consecuencia, el elemento sobre el que descansa la eficacia fiscal de la operación.

La posición del productor tras la traslación

La contestación concluye que la entidad consultante solo podrá aplicar el exceso de la deducción del artículo 36.1 que haya generado y que no sea trasladada a los contribuyentes que participen en la financiación en virtud del artículo 39.7. El incentivo es, por tanto, único en su cuantía y se distribuye entre productor y financiadores, sin que la incorporación de estos últimos amplíe el beneficio total asociado a la obra. Esta constatación resulta esencial para dimensionar correctamente la operación de financiación desde su diseño inicial.

Los inversores personas físicas y el filtro del artículo 68.2.a) de la LIRPF

Aunque la Dirección General de Tributos declina pronunciarse sobre el régimen de los inversores, la contestación recoge un criterio de indudable relevancia práctica. El artículo 68.2.a) de la Ley 35/2006 extiende a los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas los incentivos y estímulos a la inversión empresarial establecidos en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, con igualdad de porcentajes y límites de deducción y con excepción de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 39 de la LIS.

Con remisión expresa a la consulta vinculante V2535-23, de 21 de septiembre de 2023, el centro directivo recuerda que, en la medida en que se trate de un contribuyente del IRPF que ejerza actividades económicas, podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 39.7 de la LIS en las condiciones y requisitos previstos en la normativa aplicable. El elemento determinante es, por consiguiente, el ejercicio de actividades económicas.

La consulta no se pronuncia sobre la situación de las personas físicas que no reúnan esa condición ni sobre las cuestiones planteadas en sede del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, expresamente excluidas de la contestación por razón de legitimación.

Implicaciones prácticas

La lectura conjunta de la consulta V0905-26 permite identificar algunos ejes de atención en el diseño de estructuras de financiación audiovisual.

• La calificación del incentivo no depende de la denominación del contrato, sino de hechos acreditables ante los órganos de comprobación, en particular la ausencia de adquisición de derechos por el financiador y la titularidad íntegra de la obra en sede del productor.
• El calendario de certificados, contrato y comunicación previa se ordena de forma estricta y su incumplimiento compromete la aplicación del incentivo, con independencia de que la aportación económica se haya producido efectivamente.
• La verificación de la ausencia de vinculación en el sentido del artículo 18 de la LIS adquiere especial importancia en proyectos de presupuesto reducido, en los que la financiación suele proceder de círculos próximos al promotor.
• El multiplicador de 1,20 opera como techo y no como garantía, dado que la deducción aplicable por el financiador queda en todo caso condicionada a la efectivamente generada por el productor y a los límites de cuota del artículo 39.1.

En proyectos con presupuestos moderados, como el descrito en la consulta, la relación entre el coste de la instrumentación jurídica y el importe del incentivo obtenido debe valorarse desde el inicio, junto con la incidencia del límite conjunto de ayudas aplicable a los documentales.

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