La reserva para inversiones debe permanecer en el balance durante todo el plazo de mantenimiento de la inversión. Así lo ha fijado el Tribunal Económico-Administrativo Central en su Resolución 9105/2024, de 19 de febrero de 2026, dictada en unificación de criterio, al concluir que la desaparición de la reserva del patrimonio de la actividad equivale a una disposición anticipada y determina el reintegro del beneficio fiscal disfrutado, aun cuando los activos en los que se materializó la inversión continúen afectos y en funcionamiento.

El pronunciamiento se dicta sobre la Reserva para Inversiones en Canarias, pero su lectura interesa de forma directa en las Illes Balears, cuyo régimen especial reproduce casi literalmente la estructura del canario.

Conviene, además, ir más allá del criterio: la resolución deja abiertos varios frentes de discusión que conviene identificar antes de que aparezcan en una comprobación.

En síntesis

• La permanencia del activo y la permanencia de la reserva son obligaciones distintas y concurrentes. Cumplir la primera no salva el incumplimiento de la segunda.
• El defecto de separación o de denominación contable se sanciona, pero no hace perder el incentivo. La desaparición de la reserva del patrimonio obliga a reintegrarlo íntegramente.
• La equivalencia entre ausencia de reserva y disposición anticipada admite prueba en contrario, y ahí se sitúa el verdadero margen de defensa.

El supuesto de hecho

La controversia procede de un procedimiento de inspección de alcance general seguido por la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT de Santa Cruz de Tenerife respecto del IRPF del ejercicio 2017 de un empresario individual. Entre otros elementos de la obligación tributaria, la Administración regularizó las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias efectuadas en los ejercicios 2011 a 2014.

Requerido el contribuyente para acreditar el reflejo contable de las reservas, el único documento aportado fue la contabilidad del ejercicio 2017, en la que no figuraba reserva alguna en el patrimonio del balance de la actividad. Este se integraba únicamente por los resultados del ejercicio, traspasados anualmente al patrimonio personal del titular mediante una cuenta corriente con el empresario. La Inspección concluyó que los beneficios que en su día nutrieron la reserva no permanecían en el patrimonio afecto y exigió el reintegro de los beneficios fiscales con los correspondientes intereses de demora.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias, en resolución de 28 de junio de 2024, estimó parcialmente las reclamaciones. Haciendo uso de las facultades del artículo 237.2 de la Ley General Tributaria, y sin que la cuestión hubiera sido alegada por el interesado, razonó que las inversiones seguían reflejadas en las cuentas de activo del balance, de modo que la falta de contabilización de la reserva constituía una infracción tributaria grave sancionable, pero no la pérdida del incentivo. Frente a ese pronunciamiento, el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT interpuso recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

Las tres fases del incentivo y el punto de inflexión de 2007

El artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, articula la RIC en tres fases sucesivas: dotación, materialización y mantenimiento. Su apartado 3 exige, desde la creación del incentivo y sin alteración posterior, que la reserva figure en los balances con absoluta separación y título apropiado, y que sea indisponible en tanto que los bienes en que se materializó deban permanecer en la empresa.

Hasta la reforma operada por el Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2007, cualquier incumplimiento del precepto conducía a una consecuencia única: la integración de las cantidades que en su día minoraron la base imponible o la cuota. Así lo confirmaron, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2011 (recurso 235/2007), de 6 de febrero de 2012 (recurso 4557/2008) y de 26 de abril de 2012 (recurso 89/2010), esta última en un supuesto en el que la dotación se había reflejado bajo la denominación de reserva voluntaria.

La reforma de 2006 alteró ese esquema al introducir un régimen sancionador específico en el apartado 17, obligaciones de información en la memoria en el apartado 13, y al excluir expresamente del efecto de integración previsto en el apartado 16 los incumplimientos de los apartados 3, 10 y 13. De esa exclusión nace la duda interpretativa que el Tribunal Central resuelve ahora.

El criterio del Tribunal: incumplimiento formal frente a incumplimiento sustantivo

El TEAC efectúa una interpretación conjunta de los apartados 3, 16 y 17 del artículo 27 y distingue con nitidez dos planos.

El primero es el del defecto formal de contabilización. La infracción grave del artículo 27.17.a) está pensada, señala el Tribunal, para los supuestos en que la reserva existe y los fondos permanecen efectivamente inmovilizados, pero su reflejo contable adolece de defectos, ya sea porque no figura con absoluta separación respecto de otras reservas, ya porque carece de título apropiado. Este último concepto merece atención, porque el Tribunal no lo limita a la denominación de la partida: comprende también su correcta dotación con cargo al resultado del ejercicio. Una reserva constituida con cargo a la cuenta de capital o alojada en la cuenta de remanente no cumple la exigencia legal, criterio ya presente en la jurisprudencia anterior.

El segundo plano es el del incumplimiento sustantivo. Cuando la reserva nunca llegó a dotarse, o cuando, habiéndose dotado, desaparece del balance antes de que concluya el plazo de mantenimiento, no existe un defecto de forma sino la ausencia misma del compromiso de inmovilización que justifica el incentivo. El Tribunal razona que la tesis contraria conduciría a un resultado incoherente, pues situaría en mejor posición a quien nunca dotó la reserva que a quien la dotó y dispuso después de ella. La consecuencia es la integración del beneficio disfrutado conforme al apartado 16, con los correspondientes intereses de demora.

Sobre esta base, el TEAC rechaza el razonamiento del Tribunal Regional: el mantenimiento de los activos y la permanencia de la reserva constituyen exigencias distintas y concurrentes. Que los bienes sigan en funcionamiento no consolida el incentivo si los beneficios que lo financiaron han abandonado el patrimonio empresarial.

La construcción jurídica es una equivalencia, no una presunción cerrada

Conviene detenerse en el modo en que el Tribunal alcanza su conclusión, porque de ello dependen las posibilidades reales de defensa.

El TEAC no llega a la integración por la vía del incumplimiento del apartado 3, que el apartado 16 excluye de forma expresa de esa consecuencia. Llega a ella equiparando la ausencia de la reserva en el balance al primero de los supuestos que el propio apartado 16 sí contempla: la disposición de la reserva con anterioridad a la finalización del plazo de mantenimiento. La operación interpretativa es, por tanto, teleológica antes que literal, y descansa en la finalidad de autofinanciación empresarial que el legislador persigue con el incentivo.

Esa equivalencia no opera, sin embargo, de forma automática. El Tribunal admite de manera expresa que la ausencia de una reserva formalmente separada y correctamente titulada no determina por sí sola la integración si el obligado acredita la existencia de otras partidas en su patrimonio contable que cumplan la función de inmovilización que la norma atribuye a la reserva. Lo relevante deja de ser la etiqueta de la cuenta y pasa a ser un hecho económico verificable: que los beneficios no distribuidos siguen retenidos en el patrimonio afecto a la actividad.

De ahí que el terreno de juego de una comprobación se desplace hacia la prueba. La carga corresponde a quien aplica el incentivo, conforme al artículo 105.1 de la Ley General Tributaria, y se extiende a las fases de materialización y mantenimiento. En el expediente resuelto la Inspección no encontró en el balance ninguna partida que cumpliera esa función, porque el resultado se traspasaba íntegramente cada año al patrimonio personal del titular, y esa circunstancia resultó decisiva.

La paradoja del régimen sancionador

La resolución produce un efecto que merece ser señalado. En el supuesto enjuiciado, el TEAC concluye que no procede la sanción del artículo 27.17.a), porque el elemento objetivo del tipo no alcanza ni a los casos en que la inmovilización de los beneficios nunca se contabilizó, ni a aquellos en que, habiéndose contabilizado, se dispuso de ella antes de la consolidación del incentivo.

El resultado es que el tipo infractor específico, con su multa proporcional del 2 por ciento de la dotación, queda reservado a la conducta menos grave, mientras que la más grave se sitúa fuera de él. Esto no significa que la conducta quede impune: el reintegro del beneficio genera una cuota dejada de ingresar que puede reconducirse, si concurren los elementos exigidos, al régimen general del artículo 191 de la Ley General Tributaria, que fue precisamente el aplicado en el expediente de origen. La diferencia práctica no es menor, porque ese régimen general no está limitado al 2 por ciento y exige un juicio de culpabilidad autónomo que constituye, en sí mismo, un terreno de discusión.

La proporcionalidad, cuestión que la resolución deja abierta

El criterio construye un sistema de consecuencias marcadamente binario. O el incumplimiento es formal, y entonces se sanciona con un porcentaje reducido sin afectar al incentivo, o es sustantivo, y entonces se pierde la totalidad del beneficio con intereses de demora. No existe respuesta intermedia.

Cabe preguntarse si esa binariedad resulta siempre proporcionada, particularmente en aquellos supuestos en que la finalidad económica del incentivo continúa satisfecha: la inversión se realizó en el territorio, el activo permanece afecto y en funcionamiento, y los beneficios no se han distribuido a terceros. El artículo 3.2 de la Ley General Tributaria somete la aplicación del sistema tributario al principio de proporcionalidad, y no es evidente que el reintegro íntegro sea la única respuesta compatible con él cuando el sustrato económico del beneficio se mantiene intacto.

La cuestión no es meramente académica. La reserva para inversiones constituye una ayuda estatal sometida a los límites del ordenamiento de la Unión Europea, y la coherencia entre la finalidad del incentivo y la consecuencia de su incumplimiento forma parte del análisis. Debe subrayarse, en todo caso, que el criterio fijado por el TEAC es vinculante en vía administrativa, de modo que este debate solo puede residenciarse, en su caso, en vía contencioso-administrativa. Señalarlo no equivale a anticipar su resultado.

El desplazamiento temporal de la regularización

Un aspecto menos comentado, pero de gran alcance práctico, es la ubicación temporal del efecto. El apartado 16 sitúa la integración en el ejercicio en que ocurren las circunstancias determinantes del incumplimiento, no en aquel en que se aplicó el beneficio. Dado que la obligación de mantener la reserva se prolonga durante todo el período de permanencia de la inversión, la comprobación de un único ejercicio abierto puede arrastrar el reintegro de dotaciones efectuadas años atrás.

Es exactamente lo sucedido en el expediente resuelto, donde la regularización del IRPF de 2017 alcanzó a dotaciones de los ejercicios 2011 a 2014. El incentivo genera, por tanto, una contingencia latente que se prolonga durante toda la vida de la obligación de mantenimiento y que no se agota con el transcurso del plazo de prescripción de los ejercicios de dotación.

El problema específico del empresario individual

La reserva para inversiones es una categoría de origen societario trasplantada al IRPF. En una sociedad, la dotación de una reserva indisponible produce un efecto jurídico real sobre la distribución del resultado. En un empresario individual acogido a estimación directa no existe separación patrimonial entre la actividad y su titular, de modo que la reserva vive únicamente en la contabilidad y su desaparición puede producirse por pura inercia, sin decisión consciente alguna de disponer de ella, mediante el traspaso ordinario del resultado a la cuenta corriente con el empresario.

La norma no ofrece atenuación por esta circunstancia. El apartado 15 del artículo 27 de la Ley 19/1994 extiende a las personas físicas las mismas exigencias que a las sociedades, y en el régimen balear la obligación se formula de manera todavía más explícita. El resultado es que la consecuencia más severa recae con frecuencia sobre el contribuyente con estructura administrativa más liviana, que es también el que con mayor probabilidad desconoce que la obligación contable sobrevive durante años a la propia inversión.

Proyección sobre la reserva para inversiones en las Illes Balears

La reserva para inversiones en las Illes Balears, creada por la disposición adicional septuagésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2028, y desarrollada por el Real Decreto 710/2024, de 23 de julio, reproduce la arquitectura del régimen sobre el que el TEAC se pronuncia.

El número 3 del apartado Cuatro de la citada disposición adicional emplea una redacción idéntica a la del artículo 27.3 de la Ley 19/1994. El número 8 fija en cinco años el plazo de permanencia de los elementos patrimoniales, elevado a diez en el caso del suelo. El número 12 regula la información que debe constar en la memoria de las cuentas anuales, y un libro registro de bienes de inversión para quienes no estén obligados a formularlas. El número 14 ordena la integración del beneficio ante la disposición de la reserva con anterioridad a la finalización del plazo de mantenimiento o ante el incumplimiento de los requisitos del apartado, con la salvedad de los contenidos en sus números 3 y 12. Y el número 15.a) tipifica como infracción tributaria grave la falta de contabilización de la reserva en los términos del número 3, sancionada con multa proporcional del 2 por ciento de la dotación que debiera haberse efectuado.

El paralelismo es prácticamente literal, con una diferencia estructural digna de mención: el régimen balear no incorpora la obligación de presentar un plan de inversiones que sí contempla el canario, razón por la cual la excepción del número 14 se limita a los números 3 y 12, frente a los apartados 3, 10 y 13 del artículo 27. La correspondencia entre los preceptos determinantes del criterio del TEAC es, sin embargo, exacta.

Existe además un dato que refuerza la exigencia en el régimen balear. El número 13 impone de forma expresa a las personas físicas que apliquen la deducción en cuota la obligación de llevar la contabilidad en la forma exigida por el Código de Comercio desde el ejercicio en que se obtienen los beneficios destinados a dotar la reserva hasta aquel en que deban permanecer en funcionamiento los bienes objeto de materialización. Lo que en el régimen canario hubo de construirse por vía interpretativa, a partir del apartado 15 y de la doctrina administrativa y judicial, figura aquí en el propio texto legal, y con una delimitación temporal que coincide exactamente con la que el TEAC ha considerado determinante.

De ahí se sigue una consecuencia que conviene anticipar. Aunque el régimen especial esté previsto para los períodos impositivos iniciados hasta el 31 de diciembre de 2028, las obligaciones que genera se proyectan mucho más allá. Una dotación con cargo a beneficios de los últimos ejercicios de vigencia puede materializarse hasta tres años después y exigir la permanencia de la inversión durante cinco ejercicios adicionales, o diez en el caso del suelo. La obligación de mantener la reserva en balance acompaña a ese calendario en su integridad, de modo que se extenderá hasta bien entrada la próxima década.

Debe precisarse, no obstante, que el criterio del TEAC se ha fijado sobre la Ley 19/1994 y que no existe todavía pronunciamiento equivalente referido a la reserva balear, por lo que su traslación no puede darse por automática. Ahora bien, la identidad de redacción, de estructura y de finalidad hace razonable anticipar que la Administración tributaria aplicará la misma lectura, especialmente a medida que comiencen a comprobarse las dotaciones efectuadas con cargo a los beneficios de 2023 y siguientes.

Implicaciones prácticas

La resolución desplaza el foco de la comprobación. Acreditar que la inversión se realizó y que el activo permanece afecto deja de ser suficiente: resulta necesario poder demostrar, ejercicio a ejercicio y durante todo el plazo de permanencia, que los beneficios que dieron lugar al incentivo siguen inmovilizados en el patrimonio empresarial.

El riesgo se concentra en tres escenarios:

• Empresarios individuales y entidades en régimen de atribución de rentas, donde el traspaso ordinario de resultados a la esfera personal del titular puede vaciar la reserva sin decisión consciente de disponer de ella.
• Operaciones societarias y de reestructuración realizadas durante el período de mantenimiento, en las que la reserva puede no llegar a reflejarse en el balance de la entidad de destino, así como los repartos de resultados o las devoluciones de fondos propios acordados sin verificar previamente la existencia de reservas comprometidas.
• Cambios de asesoría, de aplicación contable o de responsable financiero, que con frecuencia interrumpen la trazabilidad de partidas cuya vida se prolonga durante cinco o diez ejercicios y cuya justificación puede ser requerida mucho después.

La asimetría de las consecuencias justifica la atención. Un defecto de separación o de denominación se salda con una sanción del 2 por ciento de la dotación. La desaparición de la reserva del balance obliga a reintegrar la totalidad del beneficio disfrutado, con intereses de demora, y abre la puerta al régimen sancionador general.

Conclusión

En materia de reserva para inversiones, la inversión y la reserva son dos obligaciones distintas que han de cumplirse de forma simultánea y sostenida en el tiempo. El TEAC ha cerrado la vía interpretativa que permitía tratar la desaparición de la reserva como una simple irregularidad contable y lo ha hecho mediante un criterio vinculante para toda la Administración tributaria, conforme al artículo 242.4 de la Ley General Tributaria, quedando respetada la situación jurídica particular derivada de la resolución recurrida en virtud del artículo 242.3.

Quedan abiertas cuestiones relevantes, señaladamente la proporcionalidad de la consecuencia cuando la finalidad económica del incentivo continúa satisfecha, y el margen de prueba que el propio Tribunal reconoce a quien pueda acreditar la inmovilización efectiva de los beneficios por otras vías contables. Para las empresas y profesionales de las Illes Balears que hayan comenzado a dotar la reserva prevista en la disposición adicional septuagésima de la Ley 31/2022, la advertencia llega de forma anticipada: la solidez del incentivo se juega tanto en la decisión de inversión como en su reflejo contable a lo largo de todo el período de permanencia.

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